Empresas funerarias se posicionan en relación a la futura funeraria municipal de Barcelona

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  • Por revistafuneraria
    Abr 05, 2017

    Este martes el Ayuntamiento de Barcelona organizaba la Jornada Servicios Funerarios Municipales ‘Garantía de competencia y calidad en la que ha presentado las ventajas para la ciudadanía de la creación de una funeraria pública municipal. En las próximas semanas se darán los pasos que deben permitir crear la nueva empresa pública, la cual estaría en funcionamiento a partir del segundo semestre de 2019, según ha informado durante su intervención el concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia.

    El proyecto prevé la construcción de un tanatorio y seis salas de velatorio que podrían alquilarse  a terceros, con el fin de fomentar la entrada de nuevos operadores. La funeraria pública municipal, todavía sin nombre ni ubicación definidos, contaría con 21 trabajadores, según el ayuntamiento.

    Para Badia, la creación de la funeraria pública municipal es la mejor opción para universalizar el acceso a los servicios funerarios, ya que incide en el sector y estimula la competencia. “La entrada en el sector es un elemento más que ayudará a hacer bajar los precios y a ofrecer un servicio de referencia a la ciudad.

    Según los datos manifestados durante la jornada, la privatización de los servicios funerarios que se llevó a cabo en el 2010 no ha tenido los efectos deseados y ha generado una situación prácticamente de monopolio, con una escalada de los precios de los servicios hasta una media de 7.000 euros por servicio.  La empresa pública, aseguran desde el consistorio barcelonés, tendrá un precio medio de 3.800 euros y ofrecerá tres tarifas: básica (2.384 euros), media (3.475 euros) y alta (4.709 euros), aunque se trabajará de manera que el servicio más económico sea el más demandado.

    Aunque el ayuntamiento esgrime que estas cifras son resultado de dos informes, uno de ellos basado en una encuesta realizada a más de 350 personas, donde destaca que el 95% estaría de acuerdo o muy de acuerdo con que la ciudad dispusiera de una funeraria pública. Además, concluye que la percepción generalizada es que los servicios funerarios en Barcelona son de gran calidad, pero que hay un problema con el precio.

    Respuesta de los operadores

    Las empresas funerarias que operan en Barcelona han mostrado en las últimas semanas su opinión respecto a la creación de una funeraria municipal, considerando que la decisión “se basa en datos erróneos y una situación del mercado tergiversada, absolutamente falsa y alejada de la realidad”.

    Además, advierten de que el operador público no podrá realizar tantos servicios como prevé, por lo que deberá rebajar los precios, algo que perjudicará las arcas públicas, y sostienen que el expediente contiene “vicios en la legalidad que lo hacen jurídicamente insostenible”, porque no acredita suficientemente la conveniencia ni la oportunidad y supone una ventaja competitiva de la nueva empresa respecto al resto. Sus argumentos se basan en un estudio elaborado por la Universidad Pompeu Fabra, desde donde también se ha creado una infografía que se puede consultar en este enlace.

    Para Áltima el Ayuntamiento se basa en un estudio con una falta absoluta de rigor en los precios medios de los servicios funerarios en la ciudad, ya que el consistorio los cifra en 6.200 euros, cuando una auditoría de la empresa sobre sus servicios en el Tanatori de la Ronda de Dalt sitúa el precio medio en 2.635 euros.

    Por su parte Mémora defiende el actual modelo público-privado de los servicios funerarios en la Ciudad Condal y ha detallado los siguientes puntos en contra de los argumentos del consistorio:

    • La remunicipalización frena el proceso de libre competencia. La constitución de una funeraria pública puede desencadenar una situación de competencia desleal en el mercado puesto que el consistorio se convierte al tiempo en regulador y operador. El proyecto implica la creación un único operador verticalmente integrado dentro del término municipal de Barcelona (con capacidad para gestionar los servicios funerarios y los servicios de cementerio y crematorio, estos últimos en régimen de monopolio).
    • El Ayuntamiento ha tomado la medida sin comprobar antes su eficacia. El análisis de la Memoria Justificativa y del expediente administrativo relativo a la medida pone de manifiesto que la iniciativa municipal incumple la práctica totalidad de las exigencias legales para poder prosperar y ponerse en práctica (servicio del interés general, actividad de utilidad pública, enmarcada dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes, precedida de un análisis de oferta y demanda que analice la rentabilidad y los posibles efectos sobre la concurrencia empresarial, conveniencia y oportunidad y régimen de libre concurrencia).
    • También es incompatible que el Ayuntamiento de Barcelona se convierta a la vez en regulador de los servicios funerarios y autoridad urbanística que debe liberalizar el suelo para la construcción del tanatorio y prestado del servicio.
    • En cuanto al servicio básico, el precio medio que el Ayuntamiento prevé obtener de la prestación del servicio a familias más desfavorecidas (1.970€) coincide prácticamente con el medio de igual origen obtenido por parte del operador funerario barcelonés (1.972€).

      

    • La viabilidad de la nueva empresa se basa en una ocupación de entre el 100% y el 75% de las salas de velas (en la actualidad las salas de vela tienen una ocupación de un 55%), y no contempla partidas en materia de formación del personal y los costes contemplados en materia de servicios de informática, contabilidad, marketing, comercial gestión de RR.HH están por debajo del coste de mercado.
    • La construcción de una funeraria pública, además, conlleva un alto riesgo de incremento en la hiperinflación de salas de velatorio, lo cual, en la práctica, se traduce en pérdida de puestos de trabajo.
    • Un cálculo de resultados económicos basado en el conocimiento del sector arroja unas pérdidas de 315.000€ al año para la nueva funeraria, que deberían ser sufragadas por fondos propios de accionistas (Ayuntamiento de Barcelona) o mediante subvenciones cruzadas (ingresos derivados de la actividad de cementerios). Según la legislación las empresas públicas que concurran en un mercado deben someterse a las mismas reglas y condiciones que las privadas y no percibir ningún tipo de ayuda o ventaja económica gratuita.
    • La propuesta del Ayuntamiento de Barcelona no contempla prestar servicios funerarios a las personas con seguro de decesos o prima única (70% de la población en Barcelona), incumpliendo la garantía de los principios básicos de un servicio funerario de universalidad, accesibilidad, continuidad y respeto de las personas no aseguradas. Si prestara servicio a las personas aseguradas, las pérdidas de la nueva funeraria pública serían aún mayores.
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